El Bloque de los Defensores Públicos Oficiales del Mercosur – BLODEPM y la la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas – AIDEF, promueven la Declaración sobre la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, con complementaciones específicas:\».:
- Manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia COVID-19, que ha terminado con la vida de miles de personas y contagiado a millones.
- En línea con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, lo declarado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2], las Defensorías Públicas llaman a las autoridades a adoptar medidas urgentes para asegurar el derecho a la vida y de acceso a la salud de toda la población penal, para evitar contagios y daños irreversibles.
- Instan a todas las Defensorías Públicas a redoblar los esfuerzos en la atención a las personas privadas de libertad, grupo altamente vulnerable frente a la propagación del COVID-19 por encontrarse en contextos de hacinamiento; malas condiciones de higiene; e imposibilitadas de acceder a una serie de derechos de manera eficaz y oportuna como el de acceso a la salud e información.
- En este contexto, se alienta a los defensores públicos de toda la región, a realizar esfuerzos e instar por un uso restrictivo de la aplicación de la prisión preventiva, y en aquellos casos en que ya se haya decretado, promover la sustitución de esta medida, por el arresto domiciliario o por otras medidas cautelares de menor intensidad, priorizando a los grupos de mayor riesgo sanitario como son los adultos mayores, mujeres embarazadas o con hijos lactantes y personas con enfermedades crónicas.
- En relación con las personas privadas de libertad a consecuencia del cumplimiento de una condena, se alienta que los defensores públicos de la región estimulen iniciativas legales para modificar los mecanismos de cumplimiento de este tipo de condenas, durante -al menos- el período de emergencia sanitaria, de aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo de contraer la enfermedad y/o que se encuentran en condiciones de hacinamiento o de insalubridad al interior de los recintos penitenciarios. Así mismo, los defensores públicos llevarán adelante acciones administrativas y judiciales que permitan lograr la revisión de las penas de los condenados para lograr su cumplimiento en el medio libre, cuando ello sea posible.
- Se recomienda la reducción, al máximo posible, del uso de medidas socioeducativas de privación de libertad o equivalentes para adolescentes infractores;
- En cualquier caso, se insta que las defensorías públicas intensifiquen el resguardo de todas las personas privadas de libertad, sea que se encuentren sujetas a una investigación o condenadas, a través de la interposición de acciones constitucionales de hábeas corpus y otros mecanismos idóneos, para asegurar los derechos a la vida, integridad personal y de acceso a la salud, de todas las personas privadas de libertad.
- Finalmente, el BLODEPM y la AIDEF llaman a la autoridad responsable de la administración penitenciaria a adoptar todas las medidas necesarias para el debido resguardo del derecho a la vida de esas personas, así como de su integridad personal. Estas deben apuntar a reducir el riesgo de muerte por el contagio del virus, y evitar su propagación, para no transformar la emergencia sanitaria en una emergencia carcelaria de proporciones insospechadas.
- Como defensores públicos, enfrentamos un desafío que nos demanda esfuerzos adicionales para evitar una tragedia mayor. Por medio de esta declaración, los integrantes reafirmamos nuestro compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos, que orientan nuestro actuar como defensorías públicas de la región.
- Por último, se recomienda que las redes de Defensorías Públicas consideren la Declaración[3] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha de 09 de abril de 2020, que dispone que:
- \»Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.
- En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas.
- Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad\».
[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S
[2] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp
[3] Declaración de la Corte IDH disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.html?fbclid=IwAR3yE4vYRMPER7mYjIruw0fvbUwk6fylK4KWJN_-M8AO7SC9vELdlfu27RA