Casi tres mil chilenos inocentes estuvieron en prisión el último año

La información fue la portada del diario el 10 de abril de 2017

*Nota publicada en el diario La Hora

El Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública da a conocer estos casos para reparar el daño causado a personas y evidenciar fallas en el sistema.

En el 2010 Gabriel Zapata, oriundo de Valdivia, fue acusado de ser el autor del delito de abuso sexual reiterado en contra de sus dos pequeñas hijas. Todo comenzó cuando él y su esposa acudieron a un médico luego de que la mayor de las niñas les contara que una educadora de párvulo le realizaba tocaciones en su zona íntima, lo que se unía a un rasguño en sus genitales y a problemas de incontinencia digestiva.

A raíz de la denuncia las niñas fueron interrogadas por la policía, diligencias que se hicieron sin la presencia de sus padres, un adulto cercano o personal especializado. Como resultado, se le informó a la madre que ambas niñas indicaban haber sufrido agresiones sexuales por parte su padre. Tiempo después de esta situación, las menores admitieron que habían mentido. La mayor explicó que lo hizo por mandato de la tía del jardín y la menor dijo haber sido presionada por la policía.

Por otra parte el Servicio Médico Legal (SML) concluyó que ninguna presentaba evidencias de agresión sexual y los peritajes sicológicos determinaron que era imposible responsabilizar al padre como agresor. Gabriel Zapata, en tanto, no presentaba ningún tipo de alteración siquiátrica, según los exámenes que se le hicieron.

Con todos estos antecedentes el hombre fue absuelto en el juicio oral en su contra, tras permanecer siete meses en prisión preventiva.

Al igual que Zapata, 2.854 personas que resultaron inocentes o no condenadas estuvieron en prisión preventiva mientras se realizaba la investigación, durante el 2016, y 2.650 en el 2015, según datos que maneja la Defensoría Penal Pública. Para reparar en parte el daño que sufrieron y para mejorar el sistema de justicia, este organismo lanzó en 2013 el Proyecto Inocentes (www.proyectoinocentes.cl), que divulga casos de personas privadas de libertad injustamente. Pero no son muchos, ya que la mayoría de los afectados prefiere olvidar y pasar página.

Allí se cuentan testimonios como el de Julio Robles, el único de este grupo que cumplió condena efectiva por un delito que no cometió. Este sujeto fue sentenciado a cinco años y un día de presidio y alcanzó a estar más de un año en la cárcel porque las víctimas de un asalto lo identificaron erróneamente. “El Proyecto Inocentes lo que hace es visibilizar el daño que sufren estas personas. Nuestra motivación es que el sistema penal chileno mejore y que estas historias no se sigan repitiendo”, señala a La Hora el Defensor Nacional Andrés Mahnke.

Pero ¿será suficiente sacar a la luz estas fallas del sistema, o se necesitan otras medidas compensatorias?

Para que los afectados reciban ayuda en este aspecto, el Proyecto Inocentes suscribió un convenio con la Fundación ProBono, para que abogados de su agrupación los representen. Actualmente hay cuatro casos en los que se ha logrado obtener este tipo de asesoría, que permite que las personas procedan a las acciones civiles para obtener alguna reparación de parte del Estado.

Otro problema para los que se vieron envueltos en estos errores es que la información de las causas queda en internet, a pesar de la resolución, lo que provoca que muchos sean discriminados en trabajos, por amigos e incluso por sus familias. Para evitar la estigmatización, la Defensoría Penal Pública ha comenzado a trabajar este tema, conocido como el “derecho al olvido”. Mahnke matiza: “Actualmente no existen mecanismos expeditos para lograr que alguien que es afectado por este problema pueda solucionarlo, pero nosotros seguiremos trabajando para que en un futuro no muy lejano esto se logre”.

El año pasado 325.285 causas ingresaron a la Defensoría. Este número equivale al 92% del universo de las causas que se judicializan, ya que el porcentaje restante contrata una defensa particular.

“Quedé con una marca social”

En el 2011 Recaredo Gálvez tenía 22 años y estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción. En medio de una marcha a favor de los damnificados de Dichato por el terremoto del 2010, fue detenido y pasó a control de detención. Alcanzó a estar siete días en prisión preventiva, hasta que se logró esclarecer que él no había lanzado un artefacto incendiario. “Mi situación fue particular y se logró evidenciar que lo que había ocurrido era un montaje”, cuenta a La Hora.

En la cárcel estuvo en un lugar reducido junto a otras 70 personas. Tenían sólo un baño y una ducha para todos.

Dice que hoy al poner su nombre en un buscador de internet aparece ligado al hecho, lo que le ha provocado una especie de “marca social. Me ha afectado en mi carrera porque hoy en el país hay un gran nivel de discriminación”, cierra.